Aun cuando la industria de la construcción viene arrastrando un crecimiento muy pobre desde el 2018 en que cerró con un bajo índice del 0,6 %, a finales del 2019 se prevé una cifra mayor que podría alcanzar el 2%; es decir, por arriba del producto interno bruto estimado. Sin embargo, para poder alcanzar este crecimiento el gobierno federal tendría que cumplir con las obras energéticas y de transportes que tiene programadas, además de que se registre un mayor gasto en infraestructura pública.
Durante los últimos años la obra civil se ha contraído y como resultado se ha ubicado en los mínimos históricos que han afectado considerablemente al sector de la construcción, provocando la quiebra de cientos de empresas constructoras en el país. Las grandes obras que podrían influir en la reactivación del sector son la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la Refinería de Dos Bocas. Sin embargo, éstas ya han sido asignadas previamente y no beneficiarán a los constructores locales.
Los resultados de los dos primeros trimestres de este año arrojaron un desplome del 7.8% anual, toda vez que se perdieron más de 60 mil empleos, de los cuales 28 mil corresponden al sector de la construcción.
El valor de producción de la construcción acumuló cinco meses de pérdidas, ubicándose en el nivel más bajo desde fines del 2015. La caída es brutal lo cual se ve reflejado en la disminución del número de empleados y las jornadas de trabajo en las empresas.
Por cuanto hace a los salarios en el sector, éstos tuvieron un crecimiento mínimo del 1.3% y los sueldos pagados a los empleados cayeron en los últimos 12 meses el 0.4%
La industria de la construcción va en picada sin que el gobierno haga algo para detener la estrepitosa caída. Nadie se preocupa por asumir la cruel realidad, porque por un lado el gobierno no piensa construir nuevas viviendas, ni planean contratar obra pública en los estados y por otro la contracción de la economía tiene paralizado al mercado.
Con este sombrío panorama, se llegó la hora de hacer una autocrítica, que permita a los constructores sobrevivir durante los próximos años en que el gobierno no tiene el menor interés en incentivar la inversión en infraestructura y vivienda. Al menos por el momento, aunque tal vez en la segunda mitad del sexenio cambien de opinión al descubrir el daño que le están ocasionando a la economía nacional.
Es tiempo ya de que las constructoras y las inmobiliarias salgan del modelo tradicional de negocios, para evitar seguir siendo dependientes de la política gubernamental. Deben ampliar su radio de acción fuera de las fronteras, hacia otros países de Centroamérica, por ejemplo, firmando alianzas estratégicas y aplicando en la industria su experiencia en nuevas áreas de investigación y tecnología, buscando también nuevos socios que traigan recursos de otros países.
El gobierno federal e incluso los gobiernos locales han restado importancia al sector de la construcción y para colmo en los municipios no toman en cuenta a las constructoras locales para la realización de las pocas obras que se están haciendo. Hace unos días los integrantes de la CMIC pusieron el grito en el cielo al no ser tomados en cuenta por la API en Coatzacoalcos, puesto que las obras se las están dando a los foráneos con quienes ya están comprometidos.
El sector está de picada y los daños causados afectarán lo mismo a los empresarios que a los trabajadores. Todavía es tiempo de reaccionar y evitar la caída libre que podría tener un final catastrófico con resultados irreversibles para las empresas.
Poeta y articulista.
